"Estamos a disposición de la Justicia para que se investigue el destino que se le ha dado a cada peso que recibimos"
Frente a la denuncia del fiscal Marijuán contra 52 universidades, el Rector de la UNPA, Ing. Hugo Rojas, remarcó la confianza del sistema universitario en la independencia de poderes y advirtió que la acusación podría justificar recortes presupuestarios y enmascarar otras situaciones que “merecerían una investigación más profunda”
Luego de la denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuán contra 52 universidades nacionales por 'malversación de caudales públicos', a partir de información periodística sobre la distribución de más de 700 millones de pesos entre los meses de noviembre y diciembre de 2015, el Consejo Interuniversitario Nacional emitió una Declaración en la que si bien remarcó la independencia del Poder Judicial, sostuvo que las acusaciones “resultan un ataque generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país” (Ver recuadro).
El rector de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Ing. Hugo Santos Rojas, participó activamente de las reuniones que se desarrollaron la semana pasada en Buenos Aires para definir una postura unificada del Sistema Universitario Nacional, tanto respecto de las denuncias del fiscal Marijuán como de la distribución arbitraria que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación para una partida de 1028 millones de pesos anexa al Presupuesto 2017.
En el caso de la denuncia judicial, Rojas sostuvo que se trata de “una medida indiscriminada contra todas las universidades nacionales que estaban en funcionamiento en el año 2015” y si bien aclaró que la UNPA no recibió aún notificación alguna, está “a disposición de la justicia para que se investigue el destino que se le ha dado a cada peso que se ha recibido del erario público en esta universidad nacional”.
“La denuncia es bastante genérica; está basada en recortes periodísticos del diario Clarín y sobre un informe que el fiscal solicitó al Ministerio de Educación respecto de la transferencia de fondos a las universidades”, indicó el rector, quien precisó que “lo que se pide en esa denuncia es que las universidades demuestren que han utilizado los fondos transferidos en forma legal y lícita”.
Haciendo suyos los conceptos vertidos en la Declaración del CIN; el rector de la UNPA señaló que el sistema universitario “confía en la independencia de poderes y reconoce la plena libertad que tiene el fiscal para realizar sus investigaciones y para que sus denuncias sean profundizadas en el sistema judicial, pero también advierte sobre lo indiscriminada que es esta acusación, sobre lo genérica que es y además sobre el momento en el que se está produciendo”.
En tal sentido, indicó que la denuncia surge “en un contexto donde tanto el sistema universitario nacional como el sistema científico están sufriendo determinados recortes y cuando estamos justamente en un momento de discusión presupuestaria” y consideró que esta situación “podría traer como consecuencia la justificación de un recorte aún más pronunciado”.
“Otra consecuencia que tiene esta denuncia es que al ser tan genérica involucra a todas las universidades y enmascara algunas otras situaciones que han sido expuestas muy detalladamente a través de investigaciones periodísticas y que tal vez merecerían una investigación más profunda por parte de la justicia”, acotó Rojas.
Plenamente consciente
Consultado sobre la situación particular de la UNPA respecto de las tramitaciones judiciales, el rector Rojas indicó que “sabemos que se ha realizado el sorteo en los distintos juzgados federales en lo correccional y criminal, en los tribunales federales de la ciudad autónoma de Buenos Aires y a nuestra universidad le ha tocado en el Juzgado del Juez Luis Osvaldo Rodríguez y el Fiscal es Carlos Stornelli, pero todavía no hemos sido notificados respecto de esa denuncia y no conocemos cuales son las actividades procesales que se están llevando adelante”.
Como parte de la gestión en el periodo que se investiga – en diciembre de 2015 culminó su mandato como Vicerrector de la UNPA y asumió como Rector hasta 2019- Rojas mostró total tranquilidad respecto de la utilización de todos los recursos recibidos durante todo el ejercicio 2015.
“La UNPA está plenamente consciente del uso que dio a los recursos. Todos los recursos que han sido transferido desde el Ministerio de Educación de la Nación han sido utilizado para el funcionamiento de la universidad y los que provienen de convenios con otros ministerios han sido para la inserción institucional en las políticas públicas del Estado, a través de órganos democráticamente elegidos y legítimamente establecidos en su rol de gestores de la cosa pública”, sentenció.
Por último, el Rector dijo que todas las universidades están “poniéndose a disposición de la justicia para que se lleven adelante los procedimientos que se consideren adecuados y pertinentes para dilucidar y esclarecer ante las instituciones del Estado, ante la sociedad y ante la comunidad universitaria el destino que se le dio a los fondos”.
DECLARACIÓN DEL CIN
Ante las denuncias presentadas por el fiscal federal Guillermo Marijuán a las 52 universidades nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) declara:
1. El CIN sostiene y defiende en forma enfática la independencia del Poder Judicial de la Nación, así como la libre y más amplia actuación del fiscal.
2. Las universidades nacionales gozan de un generalizado prestigio entre nuestros conciudadanos, posición que se ha ganado a lo largo de la historia por resultar una efectiva herramienta de mejoramiento social, y las únicas instituciones públicas cogobernadas en las que el conjunto de sus integrantes deciden no solo el rumbo institucional sino, además, la gestión administrativa.
3. Las denuncias mencionadas, sustentadas en notas periodísticas y sin una sola relación de hechos concretos acaecidos en cada institución, lejos de aclarar y puntualizar procederes que podrían ser materia de investigación, resultan un ataque generalizado al sistema de educación superior pública de nuestro país.
4. Respecto al contenido del planteo del fiscal, nos permitimos recordar que los presupuestos universitarios se conforman por ley del Congreso Nacional, más las partidas que se asignan a cada institución por programas específicos. En todos los casos, resultan ejecutados bajo normativas claras, estrictas y con procesos de absoluta transparencia, sometidos a procesos de auditoría, tanto interna como externa, como señala la ley.
5. Esta actividad jurisdiccional ha producido, como consecuencia inmediata, una agresión a la identidad misma de la universidad pública, construida a lo largo de su historia de más de 400 años para ser una institución de gran valoración social hoy. Sin duda, el daño moral es no solo a la institución sino, también, a todos los que realizamos tareas de docencia, investigación, extensión y gestión en contextos sociales complejos y con presupuestos de austeridad, y que involucra a los estamentos docentes, estudiantiles, no docentes y egresados.
6. Esperamos que, en momentos en que se encuentra abierta la discusión presupuestaria en el Congreso Nacional, esta denuncia indiscriminada y con argumentaciones generales no afecte el necesario marco de equilibrio en la distribución de los recursos.
7. Nos ponemos a disposición del Poder Judicial, cuya independencia sostenemos para colaborar en la forma más amplia posible, para que, con celeridad, se pueda avanzar en la elucidación de estas denuncias genéricas y, de esta manera, despejar la sospecha que se ha planteado sobre el conjunto de las instituciones.
8. En el convencimiento de la probidad de nuestros procederes, continuaremos desde un ejercicio responsable de nuestra autonomía, en el marco de libertad y diversidad que caracteriza a la universidad argentina, con la formación de recursos humanos, la producción de conocimiento y el permanente diálogo y encuentro de saberes con la sociedad en pos de aportar a los procesos de desarrollo de nuestro país.
